Para la APDH las muertes de Florencia Morales y Franco Maranguello son "crímenes de estado"
El organismo denunció "la falta de vocación política de las autoridades". Las Naciones Unidas tomaron intervención en ambos casos ocurridos en comisarías de San Luis.
Los casos de Florencia Morales y de Franco Maranguello siguen ocupando la atención de los organismos nacionales e internacionales. Para la APDH Nacional son “crímenes de Estado, habituales en muchas provincias argentinas”, y los configuró “un patrón de actuación policial”.
Ella tenía 39 años y él 16. Los dos fueron encontrados muertos en dependencias policiales durante el aislamiento social, preventivo y obligatorio. La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos- Regional San Luis se expresó en el inicio de esta semana a través de un nuevo comunicado.
“Nos mantenemos alertas y movilizados. Basta de represión, ni en las calles ni en las comisarías”, expusieron.
Se informó que ante el “silencio de las autoridades provinciales” los casos fueron llevados a la APDH Nacional, y que en los últimos días se recibió el “el apoyo y la intervención del organismo internacional”.
A finales de junio, el titular de la Oficina Regional para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Ignacio Roncagliolo y la Asesora en Derechos Humanos de la Oficina del Coordinadora Residente de Naciones Unidas en Argentina, Valeria Guerra, encabezaron una teleconferencia. El tema que los convocó fueron las muertes ocurridas en dos comisarías de San Luis (una en Santa Rosa del Conlara y la otra en Villa Mercedes), las cuales fueron informadas por la Policía como suicidios.
Las autoridades se reunieron con los copresidentes de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), Soledad Astudillo y Guillermo Torremare, y la representante de la APDH Regional San Luis Lilian Videla.
En la oportunidad se brindó toda la información recabada en relación a los casos.
La APDH Nacional puso de manifiesto “su incredulidad en las versiones oficiales”, y consideró que “se está ante crímenes de Estado, los que son habituales en muchas provincias argentinas y que configuran un patrón de actuación policial extendido a lo largo y ancho del país”.
También denunció “la falta de vocación política de las autoridades provinciales en el real esclarecimiento de los casos”.
Ante ello solicitó al Alto Comisionado su intervención para que “el Estado Argentino asuma su responsabilidad internacional en la investigación y el juzgamiento de los delitos”.
La APDH San Luis manifestó que las disposiciones impuestas en relación a la pandemia en la provincia “llevaron a generar constantes atropellos por parte de la Policía contra la población”. Y que en ese contexto ocurrieron las dos muertes en comisarías. Consideró que si bien los fallecimientos fueron atribuidos a suicidios “no dejan de ser responsabilidad del Gobierno de la provincia, toda vez que ocurren en instituciones públicas”.
Morales quedó detenida en medio de las disposiciones de la cuarentena, el pasado el 5 de abril. En la celda la encontraron muerta.
Maranguello fue detenido en la puerta de su casa, “por estar en actitud sospechosa”, según dijo después la Policía. Su muerte generó conmoción porque sucedió en la dependencia que mantiene en resguardo y contiene a niños y adolescentes, en Villa Mercedes. Sucedió el 24 de abril.
Las familias nunca creyeron en el suicidio porque las circunstancias en las que se produjeron los decesos nunca estuvieron claras. Siguen esperando que la Justicia avance en las investigaciones.